Principales argumentos contra la Ley App

app_tornConozcamos y difundamos la Ley de Alianza Público-Privada!

Desde aquí podés acceder a la ley sancionada el 28-OCT por el Congreso Nacional y también encontrarás una presentación sobre los artículos que violan la Constitución Nacional, qué significará esta privatización y concentración del poder en manos el Ejecutivo y qué podemos hacer para lograr que esta ley se anule.

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Ley de Alianza Público-Privada fue sancionada el 28-Oct-2013

Link de la Ley

  • El proyecto tuvo entrada en Diputados el 25 de marzo de 2013, a iniciativa de los Diputados Salustiano Salinas (PLRA), Víctor Bogado, Oscar Tuma y Raúl Estigarribia (ANR).
  • Fue aprobado en Diputados el 27 de junio de 2013 (antes de la renovación del Parlamento) y tuvo entrada ese mismo día a la Cámara de Senadores.
  • Fue aprobado con modificaciones el 27 de setiembre de 2013. Votaron por el rechazo 16 parlamentarios: FG, PDP, AP, y 6 Senadores del PLRA, entre ellos, Luis. A Wagner yTito Saguier.
  • Ingresó nuevamente a la Cámara de origen el 30 de setiembre de 2013.
  • El tiempo máximo para su tratamiento era de 3 meses, pero se trató el lunes 28-OCT 14:30 hs y se aprobó la versión de SENADORES.
  • Primero se solicitó el aplazamiento, que tuvo:

– 20 votos a favor
– 46 en contra
– Abstención: 4 / no votan: 9

  • Luego se votaron las versiones, ganando la v versión Senadores:

–60 votos a favor (41 ANR, 14 PLRA, 2 UNACE, 2PEN, 1 PCH)

  • Por la versión de Diputados:

–15 votos (13 PLRA, 1 PPQ, 1 ANR)

  • Por el rechazo (No voto): 3 (1 FG y 2 AP)
  • Ausentes: 2 ANR

1.  La ciudadanía no ha sido consultada, y se ha hecho caso omiso a su oposición manifiesta al proyecto

  • Se hizo caso omiso a todo un país que se paralizó el 28-OCT diciendo NO a la APP
  • Tampoco se tuvo en cuenta las 50 mil firmas pidiendo el rechazo de la APP
  • Se realizó una sóla audiencia pública a vapor batiente, donde todos los gremios se opusieron, incluyendo los profesionales.
  • No se ha consultado el parecer de los empresarios de la construcción, de los inversores y empresarios nacionales
  • No se ha debatido el proyecto de ley con la ciudadanía

No se ha consultado a trabajadores de empresas públicas cuyos bienes el proyecto propone pasar al Participante Privado y tiene opción preferencial sobre ella (Art. 111° CN)
Tampoco se ha consultado a Gobernaciones y Municipios, considerando que se propone utilizar fondos de FONACIDE, impuestos, tasas, etc.
En proyecto tan importante y que afecta a bienes y e ingresos del Estado presentes y futuros, tales como impuestos, royalties, no puede dejar de ser consultado.

2. PPP es “cheque en blanco” al Ejecutivo (el Congreso ya no interviene más).

  • La “trampita” del proyecto de “promoción de la infraestructura pública” a través de la “participación pública privada” (PPP) es no llamarle “concesión” a lo que es una concesión.
  • lCon ello se elude la atribución del Congreso (“autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos…”), CN, art. 202, numeral 11.
  • lAsí, una vez aprobada esta ley, el Poder Ejecutivo podrá privatizar rutas, aeropuertos, redes eléctricas, el servicio de agua, alcantarillado sanitario, etc., pues la ley incluye no sólo el proyecto, la construcción y el financiamiento, sino también la “operación y el mantenimiento”.
  • lTodo ello, sin necesidad de pasar ya por el Congreso.

3. Soberanía judicial se pierde (un árbitro indefinido).

  • El art. 41° establece que la “resolución de controversias” estará a cargo de un “arbitraje de derecho”, indefinido.
  • La versión aprobada agrega “en tanto se refieran a cuestiones del derecho privado” para intentar salvar de la inconstitucionalidad a dicho artículo.
  • Sin embargo, en el Art. 2° inc. b del proyecto de Ley dice que “b. Contrato de participación público privada: Son los contratos regulados en el Título II de la presente ley en virtud de los cuales las Administraciones Contratantes participan con personas jurídicas de derecho privado..”

O sea que en todos los casos se usará arbitrajes de derecho, eludiendo al Poder Judicial.
No se menciona al Poder Judicial del Paraguay, violando expresamente lo establecido en la CN Art. 248°.
Así el Paraguay perdió 80 M US$ por caso Gramont Berres y más recientemente, 62 M US$ en el caso BIVAC/SGS.
¿Quién será el árbitro? ¿El CIADI con sede en Washington, cercano a transnacionales?

4. Todo se podrá privatizar (transporte, energía eléctrica, etc).

-Además, dice el Artículo 1°.- Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer normas y mecanismos para promover, a través de la participación público privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios a que las mismas estén destinadas o que sean complementarios a ellas; así como en la producción de bienes y en la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas públicas y sociedades en las que el Estado sea parte…

Artículo 52.- Autorización legislativa. Se autoriza a las Administraciones Contratantes a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos respectivos, en los términos establecidos en la presente ley, de los siguientes proyectos:

  1. Hidrovías, dragado, señalización y mantenimiento de la navegabilidad del Río Paraguay y otros ríos navegables.
  2. Aeropuertos internacionales.
  3. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de rutas y autopistas nacionales.
  4. Construcción, extensión y operación del servicio de líneas ferroviarias.
  5. Construcción y mantenimiento de puentes nacionales e internacionales.
  6. Provisión de agua potable y servicios de saneamiento y tratamiento de efluentes.
  7. Generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
  8. La infraestructura vial de la capital de la República y su área metropolitana.
  9. Infraestructura social; hospitales, centros de salud, centros educativos.
  10. Penitenciarías.
  11. Mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano en los cuales participen las Administraciones contratantes.
  12. Acueductos, poliductos, oleoductos, alcoductos, gasoductos.
  13.  Producción de bienes y prestación de servicios que sean propios del objeto de empresas y sociedades en las que el Estado sea partes.
  14. Producción y comercialización de cemento.
  15. Producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, combustibles y lubricantes.
  16. Servicios de telecomunicaciones.

El Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar, los términos, contenido, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados.

5. Abarca diseño, construcción, servicios asociales y financiamiento.

  • En los “alcances” del proyecto de ley (art. 3°), se establece que la PPP incluye “a. el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento”;
  • “b. la operación y mantenimiento; y,”
  • “c. la financiación de estas actividades”.
  • Nótese que no es sólo la construcción, sino “sus servicios asociados” (el servicio de transmisión eléctrica, por ejemplo, el servicio de peaje, etc).

6. El usuario no tiene garantías de calidad, de cobertura ni de control.

  • Es lo que se puede observar en otros países (caso ferrocarriles argentinos) y también se ve en nuestro país en el caso de servicios privatizados, como el del transporte.

a. No hay calidad (ómnibus chatarra).

b. No hay cobertura (frecuencias, horarios, días feriados).

c. No hay control de costos/tarifas, etc.

El mismo que contrata, controla (Autoridad Contratante). Además, en el Art. 8° de ambos proyectos, se arroga competencias municipales violando la CN Art. 166° de la Autonomía Municipal.

7. El Estado cede su patrimonio a 30 años y hasta a 40 años.

  • El plazo durante el cual el Estado cederá su patrimonio (líneas eléctricas, rutas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc) es de 30 años (art. 2°), prorrogables 10 años más (art. 34°), en caso de “compensaciones” que deba pagar el Estado.
  • Si bien sólo el Congreso puede dar en concesión la explotación de servicios públicos (CN, art. 202, n. 11) y la ley establece un plazo máximo de 30 años, en esta PPP no hará falta que intervenga el Congreso (para lo mismo) y el plazo podrá ser de hasta 40 años.

8. La aplicación de este modelo ha generado fuga de capitales, precarización del servicio y aumento de la desigualdad.

  • En otros países, como la Argentina de Menem o la Bolivia de Sánchez de Lozada, la aplicación de una ley de PPP (“capitalización”, le llamaba el último, asociando la iniciativa privada con el Estado) ha generado:
  • Fuga de capitales, por las remesas de las empresas privatizadas hacia el exterior y reducción de las reservas públicas.
  • Precarización del servicio, con cortes de energía eléctrica, de agua potable, ferrocarriles, etc.
  • Aumento de la desigualdad.

9. El Estado pone en riesgo todos sus bienes e ingresos.

  • Para constituir el Fondo Fiduciario a favor de la APP, se recurrirá a (art. 46°):

a. Bienes (empresas) del Estado.
b. Ingresos presentes y futuros por tasas, tarifas, contribuciones y peajes.
c. Impuestos presentes y futuros.
d. Créditos y bonos (con aval o garantía del Estado), como fue el caso de Gramont Berres.
e. Royalties y compensación de Itaipú y Yacyretá.
f. Fondos de FONACIDE

No se ha consultado a Municipios, Gobernaciones, ni sector educativo para definir estos fondos.

10. El privado no asume ningún riesgo ni costo.

  • Si el privado presenta una iniciativa, tendrá una preferencia de 10% en cualquier licitación o concurso (art. 50°).
  • Si pierde el concurso, se le devolverá lo gastado (art. 50°).
  • El privado puede garantizar el proyecto de PPP con el proyecto mismo, sin poner garantías propias, por lo que si el proyecto fracasa, será el Estado el que cubra los daños y las pérdidas (art. 38°).

11. Sobrecostos para el usuario.

  • Se tienen ya las experiencias de Tape Porä o de Menem en Argentina, con enormes sobrecostos al usuario.
  • El propio proyecto establece además sobrecostos en:

a. Preferencia de 10% al participante privado que haga el proyecto, lo que será cargado al usuario (art. 50°).
b. También hay 2% ingresos de aporte para el Fondo Fiduciario (art. 11°).

12. Hay otras y mejores alternativas.

  • La ley que acaba de vetar el Ejecutivo, de impuesto a la soja, hubiera generado 300 millones de US/año que podría haberse destinado a inversión pública.
  • De las binacionales ingresan 750 millones US$/año, que podrían ser más, y que, bien utilizados, pueden generar infraestructura pública sin necesidad de privatizarla.
  • También existen recursos de crédito y otras fuentes públicas (reservas soberanas).
  • En todo caso, en la APP, la iniciativa privada debería asumir los riesgos, y no el Estado.

Conclusiones

  • Se trata de una Ley sumamente peligrosa, pues se ponen en riesgo todos los bienes e ingresos públicos, así como toda la infraestructura de transporte, eléctrica y servicios urbanos y sociales (agua, alcantarillado, etc).
  • La Ley no ha sido debatida por la ciudadanía
  • Se da un cheque en blanco al Ejecutivo y se le quita soberanía a la Justicia paraguaya.
  • El usuario deberá pagar mayores tarifas, peajes, etc y carece de garantías de calidad, control, cobertura.
  • La iniciativa privada no asume ningún riesgo (pretende garantizar con el mismo proyecto) y todo el riesgo queda para el Estado.
  • Hay mejores alternativas (buen uso de royalties y compensaciones) que no ceden soberanía.
  • Las organizaciones sociales plantean las siguientes acciones para derogar la ley:

–Acción de inconstitucionalidad
–Derogación por iniciativa popular
–Referendum vinculante

  • Más que nunca, es el momento de la unidad para derogar esta nefasta ley!

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2 comentarios en “Principales argumentos contra la Ley App

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